El fin de semana estuvo marcado por un escándalo político que sacudió al Gobierno nacional, tras la difusión de audios que involucran a Karina Milei, hermana del Presidente, y a Eduardo "Lule" Menem en presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La controversia derivó en la salida de Darío Spagnuolo, extitular del organismo, y en la apertura de una causa judicial bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello.

Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció públicamente sobre el caso, expresando su escepticismo ante la veracidad de las denuncias. "Entiendo que si resucita [Arturo] Illia y acusa, sea creíble", ironizó Fargosi, aludiendo al expresidente radical reconocido por su honestidad. El candidato libertario calificó las acusaciones como "operetas" políticas, recordando episodios similares ocurridos en campañas anteriores, como las denuncias contra Enrique Olivera en 2000, los supuestos vínculos de Francisco de Narváez con el narcotráfico en 2009, el procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales en 2012 y la muerte de Santiago Maldonado en 2017.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también salió a respaldar a la administración Milei, vinculando el caso con el clima electoral y asegurando que el Gobierno está "internamente tranquilo". "Pensamos que la mejor forma de que esto se aclare es que actúe la Justicia. Estamos seguros de que no tenemos nada que ver con el tema que surgió a partir de este audio, que no sabemos cómo apareció, cuándo se hizo ni si está editado. No le tenemos temor a la Justicia porque deben probarse hechos, y creemos que no los hay. Si los hubiera, el responsable tendría que estar preso", afirmó Francos en declaraciones radiales.

Mientras tanto, en San Juan, los referentes locales de La Libertad Avanza optaron por el silencio y evitaron defender públicamente al Gobierno, en contraste con la expectativa de respaldo en medio de la investigación. Empresarios vinculados al caso están siendo investigados y se les secuestraron importantes sumas de dinero.

El caso se desarrolla en un contexto de campaña electoral, lo que genera suspicacias sobre el momento de la denuncia y la autenticidad de los audios. La oposición exige explicaciones y transparencia, mientras el presidente Javier Milei aún no se ha expresado públicamente sobre el tema. El desenlace de la investigación judicial será clave para determinar el impacto político y las eventuales consecuencias para los funcionarios involucrados.