El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la declaración indagatoria de seis personas, entre ellas el diputado nacional Pablo Ansaloni (Libertad Avanza) y el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, por su presunta participación en un plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La investigación, que se encuentra en etapa de instrucción, se inició a partir de una denuncia penal presentada por José Antonio Voytenco, secretario general del sindicato, quien acusó a funcionarios y dirigentes sindicales de haber orquestado un acuerdo ilícito para desplazar a las autoridades electas de la organización.

El requerimiento de Marijuan, dirigido al juez federal Sebastián Casanello, se apoya en pruebas obtenidas durante allanamientos, peritajes y análisis de comunicaciones. Entre los elementos más relevantes figuran carpetas digitales identificadas como "Compras" y dispositivos electrónicos incautados en la sede de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), así como registros de llamadas y mensajes entre los imputados. El análisis de la agenda telefónica de Marcelo Petroni, interventor de OSPRERA, reveló frecuentes comunicaciones con Ansaloni, Cordero y Aixa Petriati, ex subdelegada de UATRE en Buenos Aires, además de referencias a reuniones con otros funcionarios de alto nivel.

La denuncia sostiene que, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se sucedieron maniobras para tomar el control de UATRE y su obra social, incluyendo la imposición de una intervención y la designación de allegados en cargos clave. El dictamen firmado el 29 de enero de 2025 por Claudio Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales, solicitó la intervención judicial del sindicato, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo y la posterior resolución del secretario de Trabajo.

En el plano judicial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo rechazó la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo para intervenir la UATRE. El juez Carlos Pose argumentó que la petición estatal resulta improcedente, ya que la intervención solo es viable si se acredita fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado. La jueza Gabriela Alejandra Vázquez coincidió en que no se concretan las circunstancias excepcionales requeridas por la ley 23.551 para habilitar la intervención.

El fiscal Marijuan afirmó que la prueba reunida permite acreditar la hipótesis delictiva, corroborando las relaciones y el rol de cada uno de los imputados. El llamado a indagatoria representa un avance en la causa, que investiga la presunta utilización de resortes estatales y sindicales para modificar la conducción de uno de los gremios más importantes del país. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada.