El triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela ha conmocionado a la sociedad argentina y puesto en evidencia la brutalidad del crimen organizado en el conurbano bonaerense. Las jóvenes fueron asesinadas en una vivienda de la localidad, en un hecho que la investigación vincula directamente con el narcomenudeo y la disputa de poder entre bandas locales.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", ciudadano peruano de 20 años, como autor intelectual del crimen. Interpol emitió una notificación roja para su captura internacional, mientras que allanamientos recientes permitieron encontrar armas, documentación y pruebas de transferencias de dinero que refuerzan la sospecha sobre su liderazgo en la organización. El crimen fue planificado, con roles divididos entre los participantes y una transmisión en vivo de la masacre para miembros de la banda, según testimonios y registros de celulares.

La investigación, liderada por el fiscal Adrián Arribas, reconstruyó el desarrollo de los hechos a partir de declaraciones de testigos, análisis de antenas telefónicas y peritajes en la escena del crimen. Se determinó que las víctimas fueron llevadas a la casa donde ocurrieron los asesinatos y enterradas en un pozo cavado previamente, lo que evidencia la premeditación y la crueldad del acto. El móvil principal sería una venganza por dinero o droga, aunque la complejidad del caso revela también la influencia de factores de género, clase y raza en la violencia ejercida por el crimen organizado.

El caso ha puesto en el centro del debate la connivencia policial y la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Funcionarios, expertos y organizaciones sociales coinciden en la necesidad de políticas públicas efectivas y un Estado presente que aborde la problemática del narcotráfico y la violencia en los barrios populares. La ausencia estatal y la precariedad social han facilitado el avance de las bandas narco, que operan en villas y periferias con estructuras locales y vínculos internacionales, pero sin el alcance de los grandes cárteles.

La repercusión del triple femicidio ha generado reclamos de justicia y protección para las víctimas, así como un llamado a reflexionar sobre el rol de género, clase y raza en la respuesta estatal y mediática. El caso se conecta con otros episodios violentos recientes en la región, mostrando un patrón de impunidad y estigmatización de las víctimas, y evidenciando la urgencia de reconstruir el tejido social y garantizar la seguridad en los barrios más vulnerables.