El triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela conmocionó a la provincia de Buenos Aires y desató una fuerte controversia política. Las jóvenes, oriundas de La Matanza, fueron engañadas, secuestradas y brutalmente asesinadas por una banda vinculada al narcotráfico, en un hecho que reavivó el debate sobre la seguridad y la gestión política en el territorio bonaerense.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, aprovechó el caso para cuestionar públicamente la respuesta de las autoridades provinciales y municipales, especialmente tras el reciente triunfo del peronismo en La Matanza. "Después de haber ganado en La Matanza el peronismo, la gente que lo votó, ¿qué piensa ahora sobre este episodio del crimen de las tres chicas que demuestra a una organización criminal absolutamente desbandada que está haciendo lo que quiere con una impunidad total?", expresó Francos en declaraciones radiales. El funcionario insistió en que "la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico" y reiteró la disposición del Gobierno nacional para colaborar en la materia, como ocurrió en Rosario.

El caso generó repercusiones en otros actores políticos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la gestión de Axel Kicillof y pidió mayor responsabilidad: "Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires". Por su parte, el diputado José Luis Espert afirmó que la provincia está "ensangrentada de inocentes" y cuestionó la falta de compromiso en la lucha contra el narcomenudeo.

En medio de la conmoción, el gobernador Kicillof pidió seriedad y colaboración interjurisdiccional, señalando que "el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce todas las formas de la violencia machista". El mandatario instó a involucrar a todos los sectores en la lucha contra el narcotráfico para evitar que se fortalezca y actúe con impunidad.

La investigación judicial avanza con cinco detenidos y la búsqueda de un prófugo identificado como "Pequeño J", presunto jefe narco peruano. El crimen, que se habría originado por una venganza tras el robo de dinero y cocaína, pone en evidencia la complejidad del fenómeno narco y la necesidad de respuestas integrales por parte del Estado. El caso se suma a otros hechos violentos que han puesto en cuestión la capacidad de respuesta de las autoridades y mantiene en vilo a la sociedad bonaerense.