El triple femicidio ocurrido en Florencio Varela ha sacudido a la sociedad argentina y puesto en evidencia la compleja trama de narcotráfico y explotación sexual que afecta a jóvenes en el Conurbano Bonaerense. Las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21), fueron engañadas por una banda narco que las invitó a una supuesta fiesta, donde finalmente fueron asesinadas con extrema violencia.

La investigación policial reconstruyó que el viernes 19 de septiembre, las jóvenes se encontraron en la rotonda de La Tablada y subieron a un auto blanco que las trasladó hasta una vivienda en Florencio Varela. Allí, la banda había preparado el lugar para descartar los cuerpos, y la familia inquilina planeaba mudarse, según testimonios recogidos por los investigadores. El seguimiento del celular de una de las víctimas permitió a la policía bonaerense localizar la casa, donde hallaron rastros de sangre, olor a lavandina y a dos personas limpiando la escena del crimen.

Lara, la menor de las víctimas, era explotada sexualmente y utilizaba un documento falso para aparentar ser mayor de edad. Según fuentes judiciales, la relación con un hombre de acento peruano, quien le hacía regalos y dinero, fue clave para ganarse su confianza y facilitar la captación. El móvil principal del crimen sería una venganza por un presunto robo a la banda liderada por "Pequeño J", lo que habría desencadenado el brutal ataque. "Buscaban dejar un mensaje hacia abajo en la banda y hacia arriba a posibles rivales o proveedores", señalaron fuentes cercanas a la investigación.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el crimen fue filmado y difundido entre al menos 45 personas, lo que generó indignación y repudio social. "Lo ilógico acá es cómo lo sabe el ministro y no lo sabe la Fiscalía, o por qué todavía ese video o las imágenes no llegaron a la Fiscalía", cuestionó el abogado de la familia de Lara.

En una entrevista televisiva previa al crimen, Lara y su compañera negaron ser parte de una red de trata y afirmaron ser "cuentapropistas", intentando desvincularse de cualquier jefe narco. Sin embargo, los hechos posteriores resignificaron esa aparición pública, mostrando la vulnerabilidad de las jóvenes frente a las redes de explotación y violencia.

Las familias de las víctimas identificaron los cuerpos y continúan reclamando justicia, mientras la investigación avanza con varias detenciones y la búsqueda de los responsables directos. El caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de reforzar la seguridad y la protección de menores en zonas afectadas por el narcotráfico y la trata de personas.