La reciente filtración de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, ha desencadenado una fuerte controversia política y judicial en Argentina. A raíz de la difusión de estos audios, el gobierno nacional solicitó al juez Alejandro Maraniello una medida cautelar para prohibir su publicación en los medios de comunicación, argumentando la protección de la privacidad institucional y la posible comisión de espionaje ilegal.

La decisión del juez Maraniello, dictada el 1 de septiembre de 2025, fue rápidamente cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, periodistas y constitucionalistas, quienes la calificaron como un caso de censura previa. La medida también motivó la presentación de recursos de apelación por parte de ONGs y periodistas, que ahora serán revisados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. El expediente fue abierto a la participación de múltiples actores, reflejando la preocupación generalizada por el impacto de la restricción en el acceso a la información pública.

En paralelo, el juez Maraniello enfrenta 13 denuncias en el Consejo de la Magistratura, que incluyen acusaciones de abuso de poder, acoso laboral y sexual, y presunta connivencia con el Poder Ejecutivo. La Comisión de Disciplina y la Comisión de Acusación del Consejo deberán decidir el futuro del magistrado, que podría enfrentar desde sanciones hasta un eventual juicio político.

El gobierno, por su parte, sostiene que la filtración de los audios forma parte de una campaña de desestabilización política, con posibles conexiones internacionales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a medios y periodistas, y pidió investigar a canales de streaming extranjeros que difundieron el material. Esta postura fue respaldada por el fiscal Carlos Stornelli, quien investiga la posible existencia de una trama más amplia de desinformación y espionaje.

El caso ha generado reacciones en el ámbito internacional, especialmente en Uruguay, donde políticos y periodistas expresaron su solidaridad con los medios argentinos y defendieron la libertad de prensa. En Argentina, la polémica continúa, con la Corte Suprema y figuras del ámbito judicial subrayando la importancia de la libertad de expresión para la democracia. El desenlace de la revisión judicial y las investigaciones en curso marcarán el futuro de este caso, que pone en tensión los límites entre privacidad institucional y derecho a la información.