Fabio Dante Cattani, contratista de 56 años, permanece en estado crítico tras ser víctima de una brutal golpiza perpetrada por una patota vinculada a la UOCRA en Puerto Deseado, Santa Cruz. El ataque ocurrió el 11 de agosto en una obra del Sindicato de Judiciales, donde un grupo de entre 30 y 40 personas descendió de vehículos y, tras una orden directa de uno de los cabecillas —“A Cattani hay que matarlo”—, se abalanzó sobre la víctima, propinándole golpes de puño y patadas hasta dejarlo inconsciente. Testigos aseguran que la agresión continuó incluso cuando Cattani ya estaba inmóvil, y que además le sustrajeron una pistola y su teléfono celular.

La intervención del juez Gabriel Contreras, de Caleta Olivia, permitió la detención de cuatro sospechosos: Carlos Tapia, Oscar Aranda (alias “Cachumba”), “Neri” y Fabián Hernández, este último hermano de una jueza local. Durante los allanamientos se secuestraron celulares y prendas de vestir utilizadas el día del hecho. Tapia admitió haber estado presente, pero señaló a Hernández como responsable del golpe más brutal.

Cattani fue trasladado de urgencia al hospital local, donde inicialmente fue dado de alta. Sin embargo, horas más tarde regresó descompensado y una tomografía reveló la gravedad de sus lesiones: rotura de bazo, fracturas costales múltiples, daño pulmonar y un cuadro de shock hipovolémico que obligó a una cirugía de urgencia. Actualmente permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia, con asistencia respiratoria y pronóstico reservado. Los médicos confirmaron la pérdida de un testículo y parte de la función pulmonar, sin poder dimensionar aún las secuelas permanentes.

La UOCRA repudió el hecho en un comunicado, calificando la agresión como “reñida con el legítimo ejercicio de la función sindical” y “atentatoria de la paz social”, y se puso a disposición de la justicia para el esclarecimiento. Por su parte, Franco Moreyra, señalado como instigador, negó toda responsabilidad y acusó a Cattani de incumplir una perimetral. La familia de la víctima denuncia amenazas y exige garantías de seguridad, mientras legisladores y medios locales presionan por avances en la investigación. El caso, que no es aislado en la región, expone la persistente violencia en disputas sindicales y la tensión entre gremios y contratistas en la obra pública y privada.