Una empleada del Banco Nación en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, fue procesada por la justicia federal tras comprobarse que desvió casi un millón de pesos de las cuentas de al menos siete clientes. El procesamiento, dictado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, incluye los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, además de un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la acusada.

La investigación comenzó cuando autoridades del Banco Nación detectaron movimientos sospechosos en cuentas de la sucursal local. Según los reportes internos, la empleada realizó extracciones no autorizadas entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, utilizando su acceso y credenciales para concretar las operaciones. Las maniobras quedaron registradas en cámaras de seguridad, donde se observa a la trabajadora retirando dinero y guardándolo en su billetera o en un cuaderno.

El Ministerio Público Fiscal, junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, impulsó la causa y solicitó la indagatoria de la empleada en marzo de 2024. En un intento por evitar el avance del proceso penal, la defensa de la acusada propuso un acuerdo conciliatorio con el banco, ofreciendo una reparación civil de tres millones de pesos, monto que superaba el perjuicio económico causado. Sin embargo, tanto la fiscalía como la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron el acuerdo, argumentando que los hechos afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales.

El juez federal Claudio Vázquez sostuvo en su fallo que "las maniobras reprochadas tuvieron su origen en un beneficio económico para la imputada y se realizaron en perjuicio de clientes, como así también de la institución bancaria". Además, remarcó que la empleada se aprovechó de su posición y de la relación de confianza con sus compañeros para obtener las autorizaciones necesarias y concretar las transacciones ilegales.

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas internos de control en entidades estatales y refuerza la necesidad de políticas estrictas contra la corrupción. La causa continúa bajo la órbita del juzgado federal de Caleta Olivia y la fiscalía, mientras se analizan los pasos procesales siguientes.