El triple femicidio de Brenda Loreley del Castillo, Morena Berri y Lara Morena Gutiérrez ha sacudido a la sociedad argentina, especialmente en la ciudad de Córdoba, donde se desarrollaron los hechos. Las tres jóvenes, dos de ellas trabajadoras sexuales y una menor de edad, fueron asesinadas y sus cuerpos descartados en distintos puntos de la ciudad, en un acto que ha sido interpretado por especialistas y colectivos feministas como un mensaje de odio y poder mafioso.

La investigación, a cargo del fiscal Horacio Vázquez, avanza con la imputación agravada por violencia de género contra dos hombres detenidos. La abogada Daniela Leanza, representante de la familia de Brenda Torres, subrayó el contexto de vulnerabilidad en el que vivían las víctimas, señalando que la saña y el descarte de los cuerpos evidencian una manifestación clara de odio. "No debe existir una Justicia que haga diferencias de clase", afirmó Leanza, quien también denunció la ineficiencia y desigualdad en el abordaje estatal y judicial de estos casos.

El hallazgo de los cuerpos fue posible gracias a la insistencia de familiares y ciudadanos, más que por la acción policial, lo que ha generado críticas sobre la diligencia de las fuerzas de seguridad. Colectivos feministas y de derechos humanos se movilizaron en Córdoba y otras ciudades bajo el lema "No hay víctimas buenas ni malas: hay femicidios", exigiendo justicia y la implementación de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia de género.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad estatal en la protección de mujeres y diversidades, en un contexto de crisis social y económica y de desfinanciamiento de programas específicos. Argentina registra un femicidio cada 36 horas, según asociaciones feministas, y muchos de estos crímenes están vinculados a la pobreza y la narcocriminalidad.

Funcionarios y referentes políticos han polemizado sobre la naturaleza del crimen, debatiendo si se trata de un caso narco o de femicidio, lo que ha generado controversia y reclamos por un enfoque que reconozca la violencia estructural de género. El movimiento feminista insiste en la importancia de nombrar a las víctimas y visibilizar la violencia que atraviesa a las mujeres más vulnerables, recordando que la calle sigue siendo el espacio donde se escriben los nombres que el poder intenta borrar.

Las movilizaciones continúan, y la exigencia de justicia y políticas públicas efectivas permanece en el centro del reclamo social, mientras el caso se inscribe en una escalada de violencia de género que demanda respuestas urgentes del Estado.