El Gobierno argentino anunció la presentación de un ambicioso proyecto privado para la construcción de un reactor nuclear modular pequeño en el complejo Atucha, ubicado en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, liderada por la empresa Meitner Energy —conformada por capitales estadounidenses y la participación de INVAP como accionista minoritario—, prevé una inversión estimada de 1.200 millones de dólares, financiada íntegramente con fondos privados.

El proyecto contempla la instalación del reactor ACR-300, un diseño argentino de tercera generación avanzada (Gen III+) con tecnología de agua presurizada (PWR) y una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos. Según informaron fuentes oficiales, la propuesta fue presentada ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, quienes destacaron el carácter innovador y el potencial impacto productivo de la iniciativa.

“Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo”, afirmó Ramos Nápoli. Por su parte, Caputo subrayó que el proyecto “será a través de capitales privados estadounidenses en base a una patente argentina” y que “creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación”.

La central se instalaría en el predio donde ya funcionan Atucha I y II, y Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal, conservaría la posibilidad de operar y mantener la planta bajo condiciones de mercado. Meitner Energy abonará un canon por el uso del derecho real de superficie sobre el terreno.

El anuncio se produce en un contexto de crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tras la desvinculación de más de 60 empleados y denuncias gremiales de vaciamiento. Mientras tanto, el proyecto CAREM, otro desarrollo nuclear nacional, permanece paralizado por revisiones técnicas y recortes presupuestarios.

La iniciativa deberá ser evaluada por las autoridades nacionales para su eventual ingreso al régimen de incentivos Súper RIGI, actualmente en trámite legislativo, y obtener las licencias regulatorias correspondientes. De aprobarse, la construcción del reactor podría demorar unos cinco años.

El Gobierno considera que este proyecto posiciona a la Argentina como un actor relevante en el desarrollo de tecnología nuclear avanzada y refuerza la apuesta por atraer inversiones privadas en sectores estratégicos.