La reciente designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior por parte del presidente Javier Milei se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Tras una serie de vetos presidenciales a leyes consideradas clave por las provincias, como el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la mayoría de los mandatarios ha optado por distanciarse de la Casa Rosada y postergar cualquier negociación significativa hasta después de las elecciones legislativas de octubre.

En su primera semana en el cargo, Catalán intentó recomponer el diálogo con los gobernadores, logrando reuniones presenciales y contactos telefónicos con varios de ellos. Sin embargo, solo tres mandatarios aliados —Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco)— accedieron a participar de la llamada "mesa federal" en la Casa Rosada. El resto de los gobernadores, incluidos los de las provincias patagónicas y los integrantes de Provincias Unidas, manifestaron su decisión de no asistir a encuentros que consideraron de carácter meramente electoral y condicionaron cualquier acercamiento a la presentación de una agenda concreta de soluciones.

El malestar de los gobernadores se vio acentuado por la reciente decisión administrativa que recortó más de 17 mil millones de pesos en transferencias a las provincias y por el incumplimiento de promesas de fondos y obras. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los que expresó públicamente su decepción, reclamando el cumplimiento de acuerdos firmados y advirtiendo sobre la necesidad de un trato igualitario entre Nación y provincias.

En paralelo, la oposición en el Congreso logró reunir los votos necesarios para convocar sesiones especiales en ambas cámaras, con el objetivo de rechazar los vetos presidenciales. La posibilidad de que la oposición alcance la mayoría especial de dos tercios para revertir los vetos representa un desafío inédito para el oficialismo, que ya ha sufrido varias derrotas parlamentarias en los últimos meses.

Mientras tanto, desde el gobierno nacional se exploran alternativas para recuperar apoyos, como la inclusión de incentivos en el proyecto de presupuesto 2026. Sin embargo, la desconfianza de los gobernadores persiste, y muchos de ellos insisten en la necesidad de recuperar los fondos que consideran propios antes de discutir nuevos préstamos o acuerdos.

El escenario político se mantiene tenso y la resolución de este conflicto dependerá en gran medida de los resultados de las próximas elecciones y de la capacidad del gobierno para reconstruir puentes con los actores provinciales.