Una banda dedicada a la estafa y usurpación de identidad fue desbaratada tras una investigación que involucró allanamientos simultáneos en La Rioja y Puerto Madero. Los integrantes, que simulaban ser empleados del Ministerio de Desarrollo Social, ofrecían supuestas ayudas económicas a jubilados, pensionados y empleados públicos, solicitando copias de DNI y fotografías personales bajo el pretexto de trámites sociales. Con esta información, gestionaban créditos y tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, quienes meses después recibían notificaciones de deudas millonarias que nunca habían solicitado.

La investigación comenzó en abril, cuando la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de La Rioja recibió múltiples denuncias de damnificados. El Juzgado Federal de La Rioja, a cargo del juez Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso la intervención de líneas telefónicas y el seguimiento de los sospechosos, lo que permitió identificar a los principales integrantes de la organización: Michael V.I., de 29 años, su pareja Aluminé B., de 19, y la madre de él, Hortensia, de 69. Los allanamientos se realizaron en dos oficinas de atención al público en la capital riojana y en un departamento de lujo en la calle Camila O’Gorman, Puerto Madero, donde residía la pareja líder de la banda.

Durante los procedimientos, la Policía Federal incautó $383.000, 150 dólares genuinos, 100.000 dólares falsos, una carabina, una pistola calibre .22, municiones, 11 terminales de cobro electrónico, documentación y tarjetas de crédito a nombre de las víctimas, dos notebooks, una tablet, 13 teléfonos celulares y una camioneta RAM de alta gama. También se halló un teléfono satelital, lo que evidenció el alto nivel de sofisticación del grupo. Todo el material quedó bajo custodia judicial como prueba del entramado financiero ilegal.

Las víctimas, en su mayoría personas en situación vulnerable, continúan sumándose a la causa, mientras la investigación avanza para determinar si existen más cómplices vinculados a la red. El juez Herrera Piedrabuena procesó a los tres acusados por los delitos de lavado de activos y usurpación de identidad, y ordenó pericias sobre los billetes falsificados. Las autoridades destacaron la coordinación policial y la importancia de las pruebas incautadas, mientras el caso sigue abierto y el número de damnificados podría aumentar en los próximos días.