Una investigación judicial de gran magnitud avanza en el Juzgado Federal de Quilmes, donde 213 dirigentes sociales y piqueteros han sido imputados por presuntos delitos de coacción, extorsión y defraudación a la administración pública. La causa, considerada la más voluminosa en su tipo, involucra a referentes de organizaciones como el Polo Obrero, Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa y otras, quienes habrían utilizado fondos y alimentos estatales para fines ajenos a los programas sociales.

El operativo incluyó 24 allanamientos en los que se incautaron 2.500 kilos de alimentos en mal estado, destinados originalmente a comedores comunitarios. Los productos, que llevaban inscripciones oficiales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, fueron destruidos tras estudios bromatológicos que confirmaron su inutilidad para el consumo. "Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad", indicaron los peritos.

La investigación se inició a partir de más de 70 denuncias recibidas en la línea 134 del Ministerio de Seguridad, muchas de ellas anónimas, que señalaban presiones y extorsiones a beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo. Según los testimonios, los punteros exigían la asistencia a marchas y la entrega de parte de los subsidios como condición para mantener la ayuda. "Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor", relató una beneficiaria.

El juez Luis Armella, a cargo de la causa, continúa sumando imputados y causas conexas, mientras que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, será juzgado por cargos similares en otra investigación. Belliboni sostiene que todo se trata de una "vil farsa" impulsada por la administración de Javier Milei para desacreditar a los movimientos sociales.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de investigaciones sobre corrupción en la administración de programas sociales, con el gobierno nacional promoviendo una agenda de transparencia y control. El desenlace judicial será clave para determinar responsabilidades y el futuro de la asistencia social en Argentina.