Una organización criminal dedicada a la sextorsión y el abuso digital de menores fue desarticulada tras una investigación judicial que comenzó en la ciudad de Deán Funes, Córdoba. La banda, liderada por un recluso de 29 años alojado en la cárcel de Sierra Chica, operaba junto a cómplices internos y externos, incluyendo al menos dos mujeres, y utilizaba redes sociales para captar a sus víctimas.

El modus operandi consistía en hackear cuentas de tiendas de ropa y crear perfiles falsos en Instagram y TikTok, desde donde contactaban a adolescentes con supuestas ofertas de modelaje. Una vez que las víctimas enviaban fotos en ropa interior, los delincuentes escalaban las exigencias, solicitando material sexual explícito bajo amenazas de difundir las imágenes o exigir dinero. En algunos casos, las víctimas eran obligadas a realizar actos sexuales en videollamadas o a entregar contraseñas de sus redes sociales, lo que permitía a la banda replicar el engaño con nuevas víctimas.

La investigación, liderada por las fiscalías de Córdoba y Berazategui, permitió identificar al cabecilla y a sus cómplices, y derivó en allanamientos en Sierra Chica, Merlo, Temperley, Rafael Calzada y La Plata. Durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y material digital relevante para la causa. Las autoridades confirmaron al menos 13 víctimas, la mayoría menores de edad, aunque no descartan que existan más casos.

El caso puso en evidencia la facilidad con la que los reclusos acceden a dispositivos móviles en las cárceles y la peligrosidad de las redes sociales como herramienta de captación y extorsión. Como respuesta, legisladores bonaerenses presentaron proyectos para restringir el uso de celulares en penales y fortalecer la protección de menores en entornos digitales. “El objetivo es adecuar el régimen de comunicaciones de los internos a las exigencias actuales de seguridad pública y protección de las víctimas”, afirmó el diputado Oscar Liberman.

El impacto social del caso ha sido significativo, generando alarma y renovando el debate sobre la seguridad digital y penitenciaria en Argentina. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y prevenir nuevos delitos de este tipo.