El caso de Luana Cabral, la adolescente de 15 años con parálisis cerebral hallada muerta en su casa de Federación, Entre Ríos, ha generado conmoción y repudio en la sociedad. La joven fue encontrada en avanzado estado de descomposición, tras haber permanecido fallecida durante aproximadamente un mes, según los informes forenses. La situación de vulnerabilidad extrema en la que se encontraba Luana, dependiente de sus padres para sobrevivir, ha puesto en el centro del debate la responsabilidad parental y la protección de personas con discapacidad.

La investigación judicial avanza con la causa caratulada como “abandono de persona agravado por el vínculo, seguido de muerte”, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo. Raúl Cabral, padre de la víctima, fue liberado tras declarar ante el juez de Garantías que había regresado al hogar familiar solo quince días antes del hallazgo. Esta decisión judicial provocó la inmediata reacción de la fiscal Josefina Penón, quien apeló la medida y espera una audiencia para revertirla. “Es un hecho aberrante por el estado en el que se encontró a una niña hipervulnerable”, sostuvo la fiscal.

Por su parte, la madre de Luana, Noelia Moretti, permanece detenida bajo custodia policial en el hospital local, sin poder declarar debido a su estado psicoemocional. La fiscalía dispuso prorrogar su detención hasta que una nueva evaluación psiquiátrica determine si puede ser indagada.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por el hermano menor de Luana, de cinco años. Emilia Pucheta, hermana de la víctima, expresó su desacuerdo con la liberación del padre y responsabilizó a ambos progenitores. “Me parece que los dos tienen exactamente la misma culpa, porque los dos son los padres”, afirmó. Emilia también relató que durante el último mes intentó ver a Luana, pero su madre se lo impedía con excusas.

El caso ha generado una fuerte reacción social en Federación, donde los vecinos convocaron a una marcha para exigir justicia. La policía que intervino en el hallazgo, Sofía Engelman, compartió públicamente el impacto emocional que le provocó la escena, destacando la profunda tristeza y la huella que dejó en su vida profesional.

Mientras la Justicia define los próximos pasos, el caso de Luana Cabral reabre el debate sobre la protección de personas con discapacidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y asistencia a familias en situación de vulnerabilidad.