El juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, presentó su renuncia en medio de un proceso disciplinario por presuntas expresiones antisemitas difundidas en sus redes sociales. La dimisión, formalizada esta semana, no fue aceptada de inmediato por el Gobierno nacional, que solicitó al Consejo de la Magistratura un informe detallado sobre el estado de las denuncias y procesos en curso contra el magistrado.

López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata desde 2002, enfrenta acusaciones de mal desempeño por publicaciones en la red social X, consideradas antisemitas y discriminatorias por organizaciones de la comunidad judía y otros particulares. Entre las expresiones cuestionadas se encuentran frases como “Hamas es una creación de Israel” y la difusión de imágenes ofensivas hacia el Estado de Israel y la comunidad judía. Las denuncias, acompañadas de capturas de pantalla, fueron presentadas ante el Consejo de la Magistratura por entidades como la DAIA y el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA).

El proceso disciplinario contra López se encuentra en una etapa avanzada y podría derivar en un jury de enjuiciamiento. Según la normativa vigente, si la renuncia es aceptada antes de una eventual destitución, el magistrado podría acceder a la jubilación; en caso de ser removido por juicio político, perdería ese beneficio. Por este motivo, el Gobierno condicionó la aceptación de la dimisión a la verificación de la existencia de causas abiertas, buscando evitar que la renuncia interrumpa posibles sanciones institucionales.

En su defensa, López argumentó que sus publicaciones constituyen el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y negó cualquier intención antisemita. Sostuvo además que las organizaciones denunciantes carecen de legitimidad y que no existen delitos en sus expresiones. Sin embargo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el dictamen para su envío a juicio político, señalando un patrón sistemático de hostilidad y discriminación.

El caso de López se suma a una serie de actuaciones recientes en las que el Consejo de la Magistratura evalúa la conducta extrajudicial de jueces y su coherencia con las exigencias del cargo. La decisión final sobre la aceptación de la renuncia quedará en manos del Poder Ejecutivo, una vez recibido el informe solicitado al Consejo. El desenlace de este proceso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad institucional de los magistrados frente a conductas públicas consideradas incompatibles con la función judicial.