El paro de controladores aéreos iniciado el viernes 22 de agosto en Argentina provocó una significativa alteración en la programación de vuelos en todo el país. La medida, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), responde a un reclamo salarial del 45% y a denuncias por congelamiento de sueldos, restricciones al derecho a huelga y despidos sin causa.

Durante la primera jornada, los vuelos de todas las aerolíneas y aeropuertos se vieron interrumpidos en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22. Según Aerolíneas Argentinas, la protesta obligó a cancelar 44 vuelos y demorar otros 59, afectando a más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales. Flybondi, por su parte, canceló 10 vuelos y reprogramó más de 35, con 7.000 pasajeros perjudicados. JetSMART y LATAM también reportaron demoras y reprogramaciones, mientras que LATAM habilitó cambios de fecha sin costo para los afectados.

El conflicto se originó tras el fin de la conciliación obligatoria y la falta de una oferta salarial concreta por parte de las autoridades. Julián Gaday, representante de ATEPSA, señaló que "en septiembre se va a cumplir un año desde nuestro último incremento" y que "desde marzo venimos reclamando en todas las instancias, incluidas dos conciliaciones obligatorias, y nunca hubo una oferta salarial concreta por escrito". El gremio aclaró que la seguridad aérea no está en riesgo y que los aterrizajes se mantienen operativos, aunque no se autorizan despegues durante las franjas de paro.

El Gobierno y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) rechazaron la medida por afectar un servicio esencial garantizado por ley y acusaron al gremio de mantener una postura intransigente. EANA advirtió que la afectación de los despegues impacta en toda la operación aérea sucesiva, complicando la conectividad nacional y regional.

Las compañías aéreas habilitaron canales de autogestión y opciones de reprogramación sin costo para los pasajeros afectados. El paro continuará el domingo, martes, jueves y sábado, manteniendo el esquema de interrupciones en franjas horarias. El conflicto se da en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo, y su resolución dependerá de la capacidad de diálogo entre las partes involucradas.