Gastón Valestra, un joven vecino del departamento de San Martín, Mendoza, fue hallado muerto este martes en el interior de una camioneta en la localidad de Alto Salvador. Valestra enfrentaba múltiples denuncias por liderar una estafa piramidal que habría defraudado a al menos veinte empresarios locales por más de diez millones de dólares. Las primeras pericias apuntan a un suicidio, aunque la Justicia no descarta otras hipótesis y continúa investigando las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo se produjo luego de que un joven, que había pactado un encuentro con Valestra, alertara a las autoridades tras encontrarlo sin vida y con una herida de arma de fuego. En el lugar trabajaron los fiscales Oscar Sívori y Miriam Escudero, junto a personal de Policía Científica y forenses, quienes recolectaron pruebas para esclarecer el hecho.

Valestra había ganado notoriedad en San Martín hace un año y medio, presentándose como agente de inversiones y ofreciendo a empresarios locales la posibilidad de invertir en una supuesta bolsa de dinero con sede en Buenos Aires. Las promesas de ganancias mensuales en dólares, que oscilaban entre el 4 y el 5%, atrajeron rápidamente a decenas de inversores, quienes debían mantener su capital inmovilizado durante veinte meses antes de poder retirarlo. El sistema funcionó inicialmente, pero comenzó a colapsar en noviembre de 2024, cuando se cumplieron los plazos de devolución y varios inversores solicitaron recuperar su dinero para acogerse al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno nacional.

Ante la imposibilidad de devolver los fondos, Valestra alegó que una medida oficial había bloqueado el capital y que un estudio jurídico y económico en Buenos Aires trabajaba para liberarlo, pero la devolución nunca se concretó. La mayoría de los afectados evitó denunciar formalmente por temor a tener que justificar el origen de sus fondos, aunque la implosión del esquema llevó a algunos a presentar denuncias en el Polo Judicial de San Martín.

La muerte de Valestra ha generado conmoción en la comunidad local y pone en evidencia los riesgos de los esquemas informales de inversión. Las autoridades continúan investigando el caso, mientras los empresarios damnificados buscan recuperar sus inversiones y exigen justicia. El episodio se suma a otros fraudes financieros recientes y plantea interrogantes sobre la regulación y control de este tipo de operaciones en la región.