La Policía Federal Argentina llevó a cabo este martes una serie de 30 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y compra irregular de dólares durante el cepo cambiario implementado en el gobierno de Alberto Fernández. Los procedimientos, ordenados por la jueza federal María Servini a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), se centraron en la financiera Sur Finanzas, cuyo titular es Ariel Vallejo, figura vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los operativos se desplegaron en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y ciudades del interior, como Bahía Blanca. Según fuentes judiciales, se incautaron dinero en efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, teléfonos celulares, computadoras y abundante documentación sobre operaciones cambiarias y financieras. "Con estos papeles se apunta a reconstruir movimientos de dinero que podrían alcanzar los 500 millones de dólares", señalaron fuentes de la investigación.

La maniobra bajo sospecha es conocida como "rulo cambiario": las financieras adquirían dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central, y luego los revendían en el mercado informal (dólar blue), obteniendo una ganancia significativa por la diferencia de cotización. La denuncia de la UIF estima que las operaciones irregulares podrían haber alcanzado los 1.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía.

Entre los allanados figuran domicilios y oficinas de socios y exsocios de Sur Finanzas, como Silvia Torrado y Graciela Vallejo. La investigación también abarca el rol de Sur Finanzas como financiera de la AFA y sus supuestos acuerdos con clubes de fútbol, lo que ha generado repercusiones en el ámbito deportivo. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se encuentra además en el centro de la polémica por otros motivos judiciales.

Este operativo es la continuación de una serie de allanamientos realizados en diciembre pasado, cuando se inspeccionaron más de 60 bancos, casas de cambio y viviendas particulares. La causa, que involucra a varios jueces federales, busca determinar si existió una estructura organizada para aprovechar la brecha cambiaria y lavar dinero durante el cepo. Las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas imputaciones y medidas judiciales en las próximas semanas.