El caso de Michel Suárez, conocido como Noa, fallecido en una comisaría de Quequén en diciembre de 2014, continúa generando debate y controversia en el ámbito judicial y social argentino. Suárez, de 20 años, fue detenido tras un incidente en el centro de Quequén y alojado en un pequeño "locutorio" de la comisaría local. Dos horas después, fue hallado muerto, colgado de una reja con los cordones de sus zapatillas y traje de baño. La autopsia inicial, realizada por el médico judicial Carlos Rodríguez, descartó signos de violencia reciente y consideró la posibilidad de suicidio o accidente, apoyando la versión de que Suárez no había sido víctima de maltrato durante su detención.

Sin embargo, en 2023, el Tribunal Oral N° 1 de Necochea condenó a perpetua a tres policías bonaerenses, Matías Larrea, Daniel Allamanla y Fernando Pérez Zanetti, por "torturas seguidas de muerte". La condena se basó principalmente en la pericia de Emma Virginia Creimer, quien desacreditó la autopsia original y sostuvo que Suárez había sido torturado y asesinado. La intervención de Creimer, profesora titular en la Universidad de La Plata y dueña de una consultora forense, fue decisiva, aunque su metodología y conclusiones fueron cuestionadas por otros médicos forenses convocados al juicio, quienes no hallaron signos de golpes recientes.

El proceso judicial estuvo marcado por la presión de organismos de derechos humanos, gremios y partidos políticos, que reclamaron justicia por lo que consideraban un caso de violencia institucional. Por otro lado, los policías condenados y sus defensores denunciaron irregularidades, falta de pruebas y una "causa armada". La Asociación Civil Inocente Colectivo, que milita por la presunción de inocencia en las fuerzas de seguridad, apoyó a los condenados y cuestionó la imparcialidad del proceso.

Dos semanas después de la condena, el tribunal redujo las penas a 17 años por "homicidio preterintencional", sin brindar explicaciones claras. El caso sigue en revisión por la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense. La actuación de Creimer ha sido objeto de críticas en otros casos judiciales, donde se la acusa de falta de rigor y ética profesional, generando un debate sobre la fiabilidad de las pericias forenses en juicios sensibles.

El caso Suárez se inscribe en un contexto más amplio de denuncias de violencia policial y cuestionamientos al sistema judicial bonaerense. Organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria y el CELS han seguido el caso como ejemplo de violencia institucional, mientras persisten las dudas sobre la transparencia y el rigor del proceso judicial. Las implicaciones futuras del caso podrían impactar en la revisión de condenas y en la discusión sobre la calidad de las pericias forenses en Argentina.