La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha dado un giro decisivo tras la decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti, y de la sociedad que ambos comparten. El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la pesquisa, busca determinar si los movimientos financieros y el incremento patrimonial de Adorni se corresponden con sus ingresos como funcionario público y con lo declarado ante la Oficina Anticorrupción.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran la compra de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en el barrio porteño de Caballito. Ambas operaciones involucraron préstamos privados significativos: uno de 100.000 dólares, con un interés del 11% anual, y otro de 200.000 dólares, sin intereses. Además, se investiga el pago de expensas, refacciones y la tasa de ingreso al country, así como la trazabilidad de los fondos utilizados.

El fiscal Pollicita ha citado a declarar a varios testigos clave, entre ellos al contratista Matías Tabar, responsable de las obras en la vivienda, y a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones inmobiliarias. Nechevenko, tras declarar ante la Justicia, realizó declaraciones públicas que generaron inquietud en la Casa Rosada, llevando al Gobierno a limitar su exposición mediática para evitar un mayor impacto político.

El caso ha generado preocupación en el oficialismo, que teme un daño a la imagen del presidente Javier Milei y a la gestión de Adorni. Mientras tanto, la Justicia continúa recabando documentación y testimonios para esclarecer si hubo irregularidades o inconsistencias en las operaciones patrimoniales del jefe de Gabinete. Se espera que en los próximos días se definan nuevas estrategias de comunicación y defensa, en un contexto de creciente atención pública y mediática.