El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión de los principales jefes policiales de Bahía Blanca tras los incidentes violentos ocurridos el pasado Viernes Santo en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Gonzalo Bezos, superintendente de la Región Sur, fue suspendido por cuatro días, mientras que el jefe de la Departamental, Gonzalo Sandobal, recibió una sanción de seis días. Además, el subcomisario Pedro Jara fue desplazado de su cargo como titular del destacamento Patagonia y suspendido por ocho días, siendo reemplazado por el oficial principal Federico Martínez González.

Las sanciones se produjeron luego de que un grupo de dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio, encabezados por Raúl Oviedo y Claudio Montiel, protagonizara disturbios en el centro comercial, intentando impedir la apertura de los locales durante el feriado religioso. Montiel fue identificado intentando dañar una puerta de vidrio con un cono de plástico, mientras que la policía y personal de seguridad lograron evitar mayores daños.

La justicia, a cargo de la fiscal Marina Lara y el juez Alberto Manzi, inició una causa por daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Se realizaron allanamientos en la sede sindical y domicilios de los dirigentes, donde se secuestraron teléfonos celulares para peritaje. El fiscal general Juan Pablo Fernández destacó la gravedad de los hechos y la existencia de pruebas documentales y testimoniales que comprometen a los involucrados.

En el ámbito político, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una declaración de repudio a los hechos de violencia y solicitó el esclarecimiento de lo ocurrido. Sin embargo, surgieron diferencias internas respecto a la intervención de organismos laborales provinciales y nacionales. El titular del gremio, Raúl Oviedo, pidió disculpas públicas a la ciudad por los incidentes.

El conflicto se originó por la controversia sobre la presencia de empleados trabajando en el shopping durante el feriado, lo que derivó en la protesta sindical y los posteriores disturbios. La investigación judicial continúa y se esperan nuevas imputaciones en los próximos días, mientras la ciudad debate sobre la seguridad y el accionar policial en situaciones de conflicto social.