La Corte Suprema de Justicia de Argentina emitió un fallo trascendental el 2 de septiembre de 2025, condenando al Estado Nacional, la provincia de Jujuy y dos empresas estatales por la contaminación ambiental en el Parque Nacional Calilegua. El máximo tribunal ordenó el cese inmediato de la explotación petrolera en el yacimiento Caimancito y el pozo Ca.e3, y estableció como fecha límite para la remediación ambiental el 31 de diciembre de 2030.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, responsabilizó tanto a la Nación como a la provincia de Jujuy por incumplimientos en sus deberes de fiscalización y control ambiental. Según la Corte, "la continuación de la explotación hidrocarburífera resulta manifiestamente ilegal, razón por la cual debe cesar". Se acreditó la existencia de daño ambiental ilícito, especialmente tras el colapso del pozo Ca.e3 en 1997, que generó severos daños en la zona, incluyendo la contaminación del arroyo Yuto.

La explotación petrolera en el área comenzó en 1969, antes de la creación del Parque Nacional en 1979. En 2014, vecinos de la región presentaron una acción de amparo colectivo por daño ambiental, reclamando la nulidad de la continuidad de la explotación y la omisión de controles ambientales. El tribunal destacó la ilegalidad de la explotación según la Ley 26.331 y la Constitución Nacional, y cuestionó el plan provincial de remediación, que proponía plazos hasta 2049, considerándolos "irrazonables" y desproporcionados.

La Corte fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2030 para la ejecución completa de las obras de recomposición ambiental, bajo los requisitos técnicos y legales de la Secretaría de Energía de la Nación y la Administración de Parques Nacionales. El fallo no extendió la condena a YPF, Pluspetrol ni a la Municipalidad de Yuto, al no acreditarse su responsabilidad directa sobre el pozo cuestionado.

El Parque Nacional Calilegua, de 76.306 hectáreas, integra la Reserva de Biósfera de las Yungas, reconocida por la Unesco, y alberga especies de alto valor de conservación. El caso se vincula con compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia ambiental, como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. La Corte enfatizó la importancia de proteger el ambiente para las generaciones futuras y la prioridad de la conservación sobre intereses económicos, reforzando el derecho constitucional a un ambiente sano y la obligación de recomponer los daños ambientales.