Sandra Sánchez, de 57 años, fue asesinada el pasado martes en su domicilio de Guaymallén, Mendoza, en un hecho que ha conmocionado a la provincia y reavivado el debate sobre la violencia de género. El principal acusado es su ex esposo, Enzo Valdovino, quien fue detenido en el lugar y posteriormente imputado por homicidio agravado por el vínculo y femicidio, delitos que prevén la pena de prisión perpetua.

El crimen ocurrió en la tarde del 3 de septiembre, cuando Valdovino se presentó en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle Rópolo al 6500, con el pretexto de retirar muebles tras la reciente separación. Según la reconstrucción de los hechos, la discusión entre ambos escaló rápidamente hasta que el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a Sánchez en la axila. Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes intentaron auxiliarla y llamaron a emergencias, pero la mujer falleció poco después debido a la gravedad de la herida.

Testigos relataron que Valdovino permaneció en la escena sin intentar huir ni prestar ayuda, y que incluso habría manifestado frases como "Déjenla ahí que se muera" y "Ya está, me la mandé". La policía lo detuvo en el lugar y la fiscalía informó que el acusado se abstuvo de declarar.

El caso de Sandra Sánchez es el octavo femicidio registrado en Mendoza en lo que va de 2025. La ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, calificó el hecho como "gravísimo" y destacó la ausencia de denuncias previas contra el acusado. Rus señaló que la mayoría de los femicidios en la provincia involucran a parejas o ex parejas y subrayó la necesidad de abordar la violencia de género desde una perspectiva cultural y social, además de fortalecer la prevención y la asistencia a las víctimas.

En redes sociales, se viralizaron mensajes previos de Valdovino con contenido misógino y de resentimiento, lo que llamó la atención de los investigadores. La víctima, madre y abuela, era conocida por su cercanía con la familia y su entorno lamentó profundamente el hecho.

El femicidio de Sandra Sánchez ha generado un fuerte repudio social y renovó el reclamo por políticas más efectivas para prevenir la violencia de género en Mendoza y en todo el país.