El Banco Central de la República Argentina, a través del Banco Macro, ha exigido a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán que justifique retiros en efectivo por más de $21.105 millones realizados entre abril de 2025 y marzo de 2026. La medida, enmarcada en la Resolución 14/2023 de la Unidad de Información Financiera (UIF), responde a la obligación de los bancos de monitorear el destino de fondos públicos y reportar operaciones sospechosas.

El requerimiento, fechado el 18 de mayo de 2026, solicita a la Caja Popular que detalle beneficiario por beneficiario, motivo y respaldo documental de cada extracción. Hasta el momento, no se ha identificado quiénes retiraron el dinero, lo que ha encendido las alarmas sobre la trazabilidad de los fondos públicos. La investigación involucra tanto a la gestión anterior, encabezada por José Díaz, como a la actual intervención liderada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante.

El Tribunal de Cuentas de Tucumán ha señalado que los balances de la Caja no presentan información razonable y ha detectado una deuda de más de $3.381 millones con el sistema de salud provincial. Además, la fiscal provincial Marta Mariana Rivadeneira investiga posibles delitos de abuso de autoridad y manejo irregular de fondos, con toda la contabilidad de los últimos cinco años bajo análisis.

La Caja Popular, que ha manejado el monopolio del juego en Tucumán durante tres décadas, enfrenta por primera vez un protocolo antilavado de esta magnitud. Aunque la conducción actual sostiene que cumple con los estándares legales, el Banco Central insiste en la necesidad de transparencia y documentación precisa. El caso recuerda antecedentes similares en 2015 y 2025, que no derivaron en condenas, pero esta vez el rastro documental es más sólido.

El destino de los fondos retirados sigue sin esclarecerse y la causa permanece en etapa de instrucción. Mientras tanto, el debate sobre el control y la transparencia en el manejo de fondos públicos continúa, con implicancias políticas y sociales de largo alcance.