La crisis que atraviesan los cartoneros y recicladores urbanos en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones del país se ha profundizado en las últimas semanas, a raíz de una serie de medidas políticas y económicas que han impactado directamente en su sustento diario. El sector, que agrupa a más de 200.000 personas, enfrenta una caída del 70% en el precio del cartón reciclado, lo que ha reducido drásticamente los ingresos de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.

La situación se agravó con la decisión del gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, de suspender el sistema de transporte que permitía a los cartoneros trasladarse para realizar su labor. Esta medida, tomada sin previo aviso y en contradicción con resoluciones previas que consideraban el transporte como esencial, obliga a los trabajadores a destinar hasta un 20% de sus ingresos en viáticos, en un contexto de ingresos ya disminuidos. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) presentó un amparo judicial que fue reconocido por la fiscalía porteña, abriendo el camino para la restitución del servicio, mientras se mantienen protestas y huelgas de hambre frente al Ministerio de Espacio Público en Parque Lezama.

La apertura de importaciones de residuos no contaminantes, especialmente cartón, desde enero de 2024, generó una competencia desleal que desplomó los precios y provocó el cierre de cerca de un tercio de las cooperativas de reciclaje. El ingreso promedio de los cartoneros cayó un 60%, obligando a muchos a buscar trabajos informales o recurrir a changas para subsistir. Las mujeres cartoneras, muchas de ellas jefas de hogar, sufren una doble vulnerabilidad, extendiendo sus jornadas para garantizar el sustento de sus familias.

El sistema de reciclado con inclusión social, en funcionamiento desde hace más de 18 años y reconocido internacionalmente, se encuentra en riesgo. Los referentes del sector advierten sobre el retroceso ambiental y social que implica el desmantelamiento de este modelo, y exigen la restitución del transporte, el cierre de importaciones de cartón y la regularización laboral de los recuperadores. "La dignidad no se negocia", afirman los líderes cartoneros, mientras llaman a la solidaridad y al reconocimiento social de su trabajo esencial. Las propuestas incluyen incentivos económicos para empresas que compren material recuperado localmente y el fortalecimiento de las cooperativas como vía de inclusión y justicia social.