El secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado, Franco Moreyra, fue detenido este martes por orden del juez Gabriel Contreras, acusado de ser el instigador de la brutal golpiza que dejó al contratista Fabio Dante Cattani en coma. El hecho ocurrió el pasado 11 de agosto en una obra del Sindicato de Judiciales de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, cuando un grupo de entre 30 y 40 personas vinculadas al gremio atacó a Cattani, quien sufrió graves lesiones y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

Según testimonios recogidos en la causa, Moreyra habría ordenado el ataque con la frase "A Cattani hay que matarlo", lo que desencadenó la agresión. La esposa de la víctima, Sonia Montes, relató que su marido alcanzó a identificar a Moreyra y su grupo antes de quedar en coma inducido. La investigación judicial avanzó con la detención de cinco personas, entre ellas Fabián Hernández, hermano de la jueza Jésica Hernández, quien debió excusarse de la causa por el vínculo familiar.

Durante los allanamientos realizados en Puerto Deseado, la policía secuestró celulares, prendas de vestir y otros elementos considerados clave para la investigación. Tres de los detenidos declararon ante la justicia, mientras que Hernández optó por guardar silencio. La causa, que estuvo paralizada durante diez días, generó críticas por parte de la familia de la víctima, que exige celeridad y justicia.

El estado de salud de Cattani es crítico: perdió el bazo y un testículo, sufrió ocho fracturas costales, politraumatismos torácicos y complicaciones respiratorias y cardíacas. En los últimos días, su cuadro se agravó por una neumonía, según informaron fuentes médicas.

La UOCRA nacional emitió un comunicado repudiando el hecho y solicitando el pronto esclarecimiento y sanción ejemplar a los responsables. "La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina expresa su repudio a los hechos violentos sufridos por un contratista de obra en la localidad de Puerto Deseado, alienta la investigación por parte de las autoridades competentes y solicita el pronto esclarecimiento y sanción ejemplar a los autores responsables", señala el documento. El gremio remarcó su compromiso con el respeto a la ley y el diálogo como vía para resolver conflictos.

El caso ha generado conmoción en Santa Cruz y pone en foco la violencia en el ámbito gremial, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y sanción ante hechos de esta gravedad. La investigación continúa y se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días.