El Gobierno Nacional ha cesado a Paulo Croppi y Raúl Bórquez, responsables del Distrito 23 de Vialidad Nacional, tras la polémica demolición del monumento al historiador Osvaldo Bayer en Río Gallegos, Santa Cruz. Este hecho, ocurrido el 25 de marzo, generó un amplio repudio social y denuncias penales contra los funcionarios involucrados.

El monumento, una obra del escultor Miguel Jerónimo Villalba, fue inaugurado en 2023 en homenaje a Bayer y los obreros fusilados en la Patagonia Rebelde. Según Vialidad Nacional, la demolición se justificó por problemas de visibilidad en la ruta, aunque sectores sociales y políticos interpretaron el acto como una provocación deliberada, dado que ocurrió un día después del Día de la Memoria.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció la restitución del monumento como respuesta al "intento de borrar la historia de los santacruceños y patagónicos". Además, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad presentó una denuncia penal contra Croppi por "daño agravado e incumplimiento de funcionario público".

El sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional celebró los despidos, señalando que los funcionarios cesados ya enfrentaban denuncias por irregularidades en el uso de recursos públicos. "Fue un día negro para ellos, pero para nosotros una pequeña victoria", declaró Jaqueline Bórquez, secretaria general del gremio.

El hecho también tuvo repercusiones culturales. Durante la inauguración de la Feria del Libro, escritores y artistas levantaron carteles con la imagen de Bayer para mantener vivo su recuerdo. En varias ciudades del país, surgieron homenajes espontáneos, como murales y actos conmemorativos.

Osvaldo Bayer, fallecido en 2018, es una figura emblemática en la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica en Argentina. Su legado sigue siendo un punto de referencia en debates sobre la memoria colectiva y los valores democráticos.

El gobierno de Javier Milei, señalado por su "batalla cultural" contra ciertos valores democráticos, no emitió disculpas oficiales por el acto, lo que fue interpretado como un aval implícito. Este episodio reavivó tensiones políticas y culturales en el país, destacando la importancia de preservar la memoria histórica.