El gobierno argentino ha implementado una medida controversial al autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones de civiles en casos de flagrancia en la frontera norte. Esta decisión, respaldada por el Decreto 1112/2024, ha sido defendida por el ministro de Defensa, Luis Petri, como una acción necesaria para combatir el narcotráfico y otras amenazas transnacionales. Sin embargo, ha generado un intenso debate político y social.

El despliegue, conocido como "Operación Roca", incluye más de 10,000 efectivos del Ejército y la Armada, equipados con tecnología avanzada como drones, radares móviles y helicópteros. Las tropas operarán en zonas rurales alejadas de centros urbanos, con el objetivo de reforzar la seguridad en áreas críticas como Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, en la provincia de Salta. Según Petri, "somos el único país que no utiliza sus Fuerzas Armadas en las fronteras por sesgo ideológico".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también defendió la medida, destacando que busca desmantelar redes criminales y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas. "Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales", afirmó durante un acto en Salta.

No obstante, la medida ha sido duramente criticada por sectores políticos y expertos legales. Página12 y Perfil han señalado que la autorización podría violar la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que históricamente han separado las funciones de defensa y seguridad interior. Además, se cuestiona la falta de un protocolo claro para la actuación de las tropas y la derivación de detenidos a la justicia.

El especialista en seguridad Daniel Adler, entrevistado por Cadena3, destacó la gravedad de la situación en la frontera norte, donde operan bandas como el PCC y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, también subrayó la necesidad de un marco legal más sólido para proteger a los efectivos militares de posibles implicaciones legales.

La medida ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos sectores la ven como un paso necesario para garantizar la seguridad, otros temen que represente un retroceso en términos de institucionalidad democrática. El debate continúa, y se espera que el Congreso Nacional analice la medida en profundidad en las próximas semanas.