Lorena Villaverde, diputada nacional y principal candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, se encuentra en el centro de una controversia que sacude la campaña legislativa argentina. La legisladora enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y estafas, tras la difusión de documentos oficiales que revelan su detención en Estados Unidos en 2002, acusada de comprar un kilo de cocaína en un restaurante de Florida. Aunque los cargos fueron desestimados por la justicia norteamericana, la polémica persiste y ha generado un fuerte impacto político.

El caso salió a la luz luego de un informe televisivo que expuso los antecedentes judiciales de Villaverde, quien, durante la transmisión, envió un mensaje intimidatorio al periodista Nicolás Wiñazki. La reacción fue inmediata: Facundo Manes, senador y candidato opositor, pidió públicamente la expulsión de Villaverde del Congreso y la anulación de su candidatura, argumentando que "una diputada nacional con antecedentes por narcotráfico genera una incompatibilidad ética y política inviable".

Villaverde, por su parte, niega haber traficado drogas y sostiene que los cargos en su contra fueron desestimados. Para defenderse, se sometió a una rinoscopía y un narcotest, cuyos resultados compartió en redes sociales. Además, denunció por calumnias e injurias a Juan Martín, dirigente de Pro en Río Negro, y acusó a sus rivales de llevar adelante una campaña de difamación.

La controversia se agrava por los vínculos de Villaverde con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y con Claudio Ciccarelli, señalado como testaferro de Machado. Estas relaciones han sido utilizadas por opositores para cuestionar la transparencia de LLA y exigir "ficha limpia" en las candidaturas. El escándalo también ha provocado rupturas de alianzas, como la salida de Pro de la coalición en Río Negro, y denuncias cruzadas entre los partidos.

En paralelo, Villaverde enfrenta denuncias por estafas en la venta de terrenos y por la obtención de préstamos irregulares, lo que ha deteriorado su imagen pública y la intención de voto en la provincia. Encuestas recientes muestran una caída significativa en su apoyo electoral, favoreciendo a sus rivales políticos.

El caso de Villaverde se suma a otros episodios similares en la política argentina, como el de José Luis Espert, también vinculado a Machado, que debió renunciar a su candidatura. En este contexto, el oficialismo evalúa pedirle la renuncia a Villaverde, mientras sus propios aliados se distancian. El escándalo ha reavivado el debate sobre la ética y la corrupción en la política nacional, en un momento clave para la definición de la nueva composición del Congreso.