El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, concretó la apertura de sobres económicos para la licitación de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. El proceso, que abarca corredores estratégicos como la Ruta del Mercosur (rutas nacionales 12 y 14) y el puente Rosario-Victoria, involucra provincias clave para la producción y exportación, como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y La Pampa.

Las empresas adjudicatarias, entre ellas Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Obring S.A., presentaron ofertas por debajo de los topes oficiales, con tarifas de peaje que oscilan entre $3.300 y $4.300 por cada 100 kilómetros. "Estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", afirmó Caputo en redes sociales, subrayando la apuesta por la inversión privada y el cuidado de los recursos públicos.

Sin embargo, el esquema original de financiamiento exclusivamente privado fue modificado a último momento, cuando el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) ofreció créditos por hasta 56.000 millones de pesos, cubriendo hasta el 70% del monto contractual bajo condiciones UVA +2% y plazos de hasta seis años. Esta intervención estatal fue clave para que las empresas pudieran presentar ofertas competitivas, aunque generó cuestionamientos sobre la verdadera autosustentabilidad del modelo.

El peaje será la principal fuente de financiamiento, pero solo se aplicará una vez que las obras estén finalizadas y las rutas en condiciones de transitabilidad. El proceso de adjudicación aún debe superar etapas de impugnaciones y dictámenes, aunque se espera que las constructoras no presenten objeciones administrativas.

El nuevo sistema de concesiones recuerda al implementado en la década de 1990, pero enfrenta desafíos como la alta carga tributaria y la dificultad de rentabilidad para las empresas. Además, algunos sectores critican la ausencia de grandes obras complementarias y advierten sobre el impacto de los peajes en los usuarios.

La reactivación de la obra pública responde a los reclamos de los gobernadores y busca modernizar la infraestructura vial, mejorar la logística y reducir costos para el sector productivo. El Gobierno sostiene que el proceso es transparente y eficiente, mientras que actores privados y analistas plantean dudas sobre la sustentabilidad y el alcance de las mejoras. El debate sobre el rol del Estado y la inversión privada en la infraestructura vial continúa, en un contexto de ajuste fiscal y demandas de gobernabilidad.