La implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, fue nuevamente postergada por el Ministerio de Justicia de la Nación. El nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que debía entrar en vigencia el 10 de noviembre de 2025, ahora se espera para el primer trimestre de 2026, según confirmaron fuentes oficiales. La decisión fue adoptada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien reemplaza al ministro Mariano Cúneo Libarona, actualmente de licencia.

La postergación responde a la falta de recursos humanos, infraestructura y tecnología, además de una alta cantidad de cargos vacantes en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según datos oficiales, el 32,5% de los cargos de jueces nacionales y federales están vacantes, mientras que el 46,8% de las fiscalías carecen de titulares. Esta situación genera preocupación entre los operadores judiciales, quienes advierten que no están dadas las condiciones para la implementación del nuevo sistema.

El sistema acusatorio, que ya funciona en otras jurisdicciones del país, otorga a los fiscales la responsabilidad principal de la investigación, mientras que los jueces actúan como garantes del proceso. El procurador interino, Eduardo Casal, señaló en una entrevista: “Ni yo, ni ninguno de mis colaboradores, ni de los fiscales del cuerpo están en contra del sistema acusatorio. Nadie está en contra del sistema acusatorio. Al contrario. Ya se ha implementado en la mitad del país y con mucho entusiasmo de parte de todos los operadores”. Sin embargo, insistió en la necesidad de resolver primero los problemas de vacantes y recursos.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales (INECIP) criticó la postergación, calificándola como una "señal de impunidad" y cuestionando los argumentos técnicos y presupuestarios esgrimidos por los fiscales. Por su parte, el ministro Cúneo Libarona defendió el sistema como una vía para una justicia más eficiente y rápida, destacando que “evitamos un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y para la sociedad, que es la prolongación indebida de los procesos”.

La reforma procesal penal, aprobada en 2014, se ha implementado gradualmente en 12 provincias, pero enfrenta resistencia en la Ciudad de Buenos Aires debido a la crisis de vacantes y la falta de recursos. La puesta en marcha ya había sido postergada en agosto de 2025, y la nueva fecha estipulada para su entrada en vigencia es el primer trimestre de 2026. El debate continúa entre quienes consideran indispensable la modernización del sistema judicial y quienes advierten sobre los riesgos de avanzar sin las condiciones adecuadas.