El gobierno de Javier Milei recibió esta semana un respaldo explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI) a su programa económico, en un contexto de alta volatilidad financiera y creciente tensión política tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El FMI destacó los avances en la reducción de la inflación, que se mantuvo por debajo del 2% mensual durante cuatro meses, y celebró el superávit fiscal alcanzado hasta agosto. Sin embargo, el organismo internacional condicionó su apoyo a la profundización de reformas estructurales y a una mayor transparencia en la política monetaria y cambiaria.

Tras el revés electoral, el gobierno anunció un nuevo paquete de ajuste para cumplir con las metas del FMI, que incluye reducción de salarios estatales, quita de subsidios a la energía y el transporte, recorte de transferencias a las provincias y reformas en los sistemas jubilatorio y laboral. El objetivo es alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, una meta más exigente que la solicitada por el propio Fondo.

La reacción de los mercados fue inmediata: el dólar y el riesgo país subieron, mientras que bonos y acciones argentinas sufrieron caídas. Para contener la inestabilidad, el Banco Central intervino con liquidez y letras de corto plazo. El FMI, por su parte, insistió en la necesidad de acumular reservas y fortalecer la confianza en el peso, además de mantener el equilibrio fiscal y avanzar en la desregulación económica.

En el plano político, la derrota en Buenos Aires agudizó las tensiones entre el gobierno nacional y los gobernadores, que reclaman fondos y advierten sobre el impacto social del ajuste. Los sindicatos y sectores sociales, por su parte, preparan nuevas protestas y no descartan una huelga general tras las elecciones de octubre. El oficialismo, sin embargo, ratificó que no modificará el rumbo económico, a pesar de las presiones internas y externas.

El FMI y otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, mantienen su apoyo a la Argentina, aunque advierten que cualquier desvío en la disciplina fiscal podría complicar futuros desembolsos. El desenlace de las próximas elecciones y la capacidad del gobierno para sostener las reformas comprometidas serán determinantes para el futuro económico del país.