La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) volvió a ser protagonista de la agenda política y judicial argentina tras recibir una sanción por parte del tribunal que supervisa su prisión domiciliaria. La medida fue adoptada luego de que CFK mantuviera una reunión con nueve personas, lo que, según el juez Jorge Gorini, excedía la autorización previamente otorgada. Gorini argumentó que la reunión no fue comunicada en los términos requeridos, aunque no citó normativas específicas para fundamentar la sanción.

En paralelo, el mismo tribunal ordenó el decomiso de una serie de bienes pertenecientes a CFK y a sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner. La defensa de la ex mandataria y de sus hijos apeló la decisión, señalando que no existen pruebas directas que vinculen los bienes con los delitos imputados. Citaron fallos previos en los que se protegió la propiedad privada ante la ausencia de relación comprobada con hechos delictivos.

La situación ha reavivado el debate sobre la imparcialidad y las motivaciones políticas de los jueces involucrados. Diversos antecedentes muestran fallos contradictorios en casos similares, lo que alimenta la percepción de que la justicia argentina puede estar influida por factores políticos.

En respuesta a las sanciones y al decomiso, CFK utilizó sus redes sociales para denunciar una campaña mediática y judicial en su contra. Sostuvo que las acciones buscan deslegitimar su propuesta de un nuevo modelo económico nacional, que fue presentado recientemente en un documento elaborado junto a economistas y dirigentes políticos. El texto propone un enfoque productivo y federal, con regulaciones para fortalecer la industria y el empleo, en contraste con las políticas actuales del gobierno de Javier Milei.

El episodio ocurre en un contexto de alta polarización política y judicial en el país, donde la independencia de los poderes y el uso de la justicia como herramienta política son temas de debate recurrente. Las reacciones han sido diversas: mientras sectores afines a CFK denuncian persecución, otros sostienen que las medidas adoptadas responden a la aplicación estricta de la ley. El futuro de la causa y el impacto de las propuestas económicas de CFK seguirán siendo objeto de atención en la agenda pública argentina.