El Gobierno argentino se encuentra en el centro de un escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la filtración de audios atribuidos al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. En dichos audios, se menciona a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como presuntos beneficiarios de aportes exigidos a laboratorios farmacéuticos para garantizar contratos con el Estado.

Tras varios días de silencio, la estrategia oficial se consolidó en la madrugada del lunes, cuando Lule Menem publicó un comunicado en su cuenta de X negando cualquier intervención en las contrataciones de ANDIS y calificando los audios como "absolutamente falsos". "Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del estado", aseguró Menem. Además, atribuyó el escándalo a una "burda operación política del kirchnerismo" y señaló la proximidad de las elecciones bonaerenses como contexto de la denuncia.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de Lule, reforzó la defensa oficial en entrevistas televisivas, afirmando: "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y por Lule Menem". El discurso oficial se centró en poner en duda la autenticidad de los audios y en negar cualquier irregularidad, mientras la Justicia avanza en la investigación, incautando los teléfonos de Spagnuolo y de directivos de la droguería Suizo Argentina.

La respuesta del Gobierno fue coordinada por una mesa de crisis que incluyó a altos funcionarios y asesores, bajo la supervisión de Karina Milei. La demora en la reacción pública se justificó por la necesidad de analizar todos los elementos antes de emitir declaraciones. Mientras tanto, sectores del PRO presionan para que Lule Menem sea desplazado de su cargo, buscando "descomprimir" la crisis política.

El presidente Javier Milei, por su parte, ha optado por el silencio público, delegando la respuesta en sus funcionarios y manteniendo la postura de que la Justicia debe esclarecer el caso. El escándalo se desarrolla en un clima de alta tensión política, con la provincia de Buenos Aires como epicentro de la disputa electoral y con la imagen del Gobierno bajo escrutinio.