El gobierno de Javier Milei ha concretado la venta de diez inmuebles estatales por un total de USD 214,7 millones, en el marco de una política orientada a reducir el tamaño del Estado y generar liquidez mediante la desinversión en activos considerados ociosos. Nueve de las propiedades vendidas se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una en Mendoza, y el monto recaudado casi duplica el precio base de las subastas, según datos oficiales y relevamientos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Entre los inmuebles vendidos destaca un predio en Palermo, adjudicado a Consultatio SA por USD 127 millones, cifra récord para este tipo de operaciones. Otros terrenos y edificios, ubicados en zonas estratégicas como Retiro, Belgrano y Puerto Madero, también fueron adquiridos por grandes desarrolladores y empresas del sector inmobiliario. El proceso de subasta se realiza de manera electrónica y la adjudicación se otorga a la oferta más ventajosa, conforme al decreto 575/2025, que establece que los fondos obtenidos ingresan al Tesoro Nacional.

La administración nacional proyecta continuar con esta política, con al menos 12 inmuebles más a subastar en el corto plazo por un valor estimado de USD 44,6 millones, y un plan de venta de hasta 150 propiedades en el futuro. Desde el gobierno, se sostiene que la medida es estratégica para ordenar el patrimonio físico del Estado y reducir gastos de mantenimiento sobre bienes improductivos.

Sin embargo, la iniciativa ha generado polémica y críticas de urbanistas, organizaciones sociales y especialistas en derecho urbano, quienes advierten sobre la pérdida de patrimonio público, la falta de control legislativo y la concentración de tierras en manos de grandes desarrolladores. "La decisión del destino de la tierra pública tendría que ser comunitaria y participativa", sostuvo Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien también alertó sobre la baja participación ciudadana y la posibilidad de que los precios de venta estén por debajo del valor de mercado.

El debate se intensifica ante la posibilidad de que estos desarrollos inmobiliarios profundicen la desigualdad en el acceso a la vivienda y reduzcan los espacios verdes y bienes con función social en la ciudad. Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de avanzar con la desinversión como parte de su programa de ajuste y reorganización del Estado.