El Gobierno argentino oficializó la actualización de las normas de seguridad y calidad para una serie de productos de consumo, entre ellos juguetes, anteojos de sol, bicicletas infantiles, encendedores y tableros derivados de la madera. La Resolución 313/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece que los controles locales dejarán de ser obligatorios para aquellos artículos que ya cuenten con certificaciones internacionales reconocidas, como las normas IRAM, ISO, ASTM, EN y NM.

La medida, que deroga y unifica regulaciones previas, apunta a reducir la duplicación de ensayos y certificaciones que hasta ahora debían realizarse en el país, generando demoras y costos adicionales para fabricantes e importadores. Según estimaciones oficiales, la eliminación de estos trámites permitirá reducir más de 12.000 gestiones burocráticas por año, lo que se traduce en menores costos y una mayor oferta de productos en el mercado argentino.

Los fabricantes e importadores deberán presentar una declaración jurada de conformidad y los ensayos técnicos correspondientes, mientras que los certificados internacionales tendrán vigencias diferenciadas: un año para encendedores y juguetes, cuatro años para anteojos de sol, y dos años para certificados sin vencimiento explícito. Los certificados emitidos bajo las normas ahora derogadas seguirán vigentes durante los próximos doce meses, permitiendo a los actores del sector adaptarse al nuevo esquema.

La actualización de los requisitos técnicos responde a la necesidad de modernizar un sistema regulatorio que, en algunos casos, tenía más de veinte años de antigüedad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó que la medida "elimina una parafernalia de regulaciones y exigencias que encarecían los productos para los argentinos" y la calificó como un paso hacia "una economía más libre, próspera y con mejor calidad de vida".

Sectores empresariales y despachantes de aduana celebraron la decisión, señalando que la reducción de trámites y costos favorecerá la competencia y beneficiará a los consumidores. La normativa rige desde el día siguiente a su publicación y se espera que impulse la modernización del comercio y la industria en el país.