En un episodio que ha generado amplio rechazo, Santiago Caputo, asesor presidencial de Javier Milei, fue acusado de intimidar al fotógrafo Antonio Becerra durante un debate de candidatos a legisladores porteños en el Canal de la Ciudad. Según testigos, Caputo fotografió la credencial del reportero gráfico, un gesto que fue calificado como intimidatorio por diversos sectores políticos y mediáticos.

El hecho ocurrió en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la prensa. Legisladores porteños, como Victoria Montenegro y Francisco Loupias, presentaron proyectos de repudio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, señalando que este tipo de actos representan una amenaza a los valores democráticos y a la libertad de expresión. "Este episodio se inscribe en un patrón de comportamientos intimidatorios que resultan preocupantes", afirmó Montenegro.

Por su parte, el diputado nacional Facundo Manes, de la UCR, sumó este incidente a una causa previa contra Caputo, acusándolo de mantener un "patrón recurrente en la utilización de la amenaza coactiva". Manes también recordó el caso del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en 1997, para subrayar la gravedad del acto.

El gobierno, sin embargo, defendió a Caputo. Manuel Adorni, vocero presidencial, justificó el gesto argumentando que Caputo solo quería verificar la identidad del fotógrafo. El presidente Milei, en tanto, compartió mensajes en redes sociales que intensificaron la controversia, incluyendo publicaciones de figuras afines al oficialismo.

Este incidente ocurre en un contexto electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde las tensiones políticas están en aumento. La oposición ha señalado que este tipo de actos buscan amedrentar a la prensa y silenciar voces críticas. "En el país de Cabezas, esto no es casual: buscan silenciar, amedrentar y dejar claro quién manda", afirmó Lula Levy, candidata radical.

Organizaciones periodísticas también han expresado su preocupación. Un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) destacó un aumento significativo en los ataques a periodistas durante el actual gobierno, señalando que estos actos debilitan la democracia.

El episodio ha reavivado el debate sobre la relación entre el gobierno y la prensa, subrayando la necesidad de garantizar un ambiente democrático y libre para el ejercicio del periodismo. Mientras tanto, se espera que las investigaciones y debates legislativos arrojen más luz sobre el incidente y sus implicaciones.