El número de muertes por el uso de fentanilo contaminado en Argentina ascendió a 52, mientras que los casos confirmados de personas afectadas ya suman 90, según fuentes judiciales y sanitarias. El brote, que involucra a 19 centros médicos distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén, ha puesto en alerta al sistema de salud y a las autoridades regulatorias.

La investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado N°3 de La Plata, se centra en los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., responsables de la producción de los lotes 31202 y 31244 de fentanilo HLB, identificados como contaminados con bacterias resistentes a antibióticos, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp. El Hospital Italiano de La Plata fue la primera institución en denunciar la relación entre las muertes y la administración del medicamento, lo que llevó a la apertura de una causa penal y a la intervención del Cuerpo Médico Forense para determinar la relación causal en cada fallecimiento.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó medidas drásticas, prohibiendo la producción, distribución y uso de todos los productos de HLB Pharma y Ramallo S.A., tras detectar graves irregularidades y antecedentes de contaminación cruzada en otros medicamentos. "El incidente de contaminación cruzada implica un riesgo crítico para la salud pública", señaló la ANMAT en su comunicación oficial.

El promedio de edad de los fallecidos es de 57 años, con predominio masculino, y el tiempo estimado entre la administración del fentanilo y la muerte fue de 12 días. La mayoría de los pacientes afectados se encontraban internados en terapia intensiva por otras razones clínicas y recibieron el fármaco como parte de su tratamiento paliativo.

El Ministerio de Salud activó protocolos de vigilancia y control, exigiendo la notificación inmediata de cualquier caso sospechoso. Familiares de víctimas y hospitales afectados se han presentado como querellantes en la causa, mientras la justicia analiza más de 300 expedientes administrativos de la ANMAT para determinar si existían falencias previas en los controles a los laboratorios involucrados.

Aunque la alerta sanitaria logró retirar los lotes contaminados de circulación, las autoridades no descartan que existan más casos no reportados, dada la magnitud de la distribución. El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los medicamentos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión estatal en la industria farmacéutica.