A ocho meses de la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno de Javier Milei reporta avances significativos en su objetivo de atraer capital extranjero y dinamizar sectores estratégicos de la economía argentina. Según datos oficiales, se han registrado inversiones por un total de USD 15.200 millones, de las cuales dos proyectos ya han sido aprobados y otros nueve están en proceso de evaluación.

Entre los proyectos aprobados se encuentran un parque solar en Mendoza, desarrollado por YPF Luz con una inversión de USD 211 millones, y un oleoducto estratégico en Vaca Muerta, que implica una inversión de USD 3.000 millones. Ambos proyectos forman parte de un plan más amplio que busca transformar sectores clave como la energía, el petróleo, el gas y la minería.

El RIGI, sancionado en 2024 y reglamentado en agosto del mismo año, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de garantizar estabilidad jurídica por 30 años. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el régimen no tendrá impacto fiscal en 2025, ya que los beneficios se activarán únicamente cuando las inversiones generen ingresos o se postergue el pago de tributos como el IVA.

El régimen clasifica los proyectos en dos categorías: aquellos con una inversión mínima de USD 200 millones y los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que requieren un piso de USD 2.000 millones. Las empresas deben cumplir metas de inversión parciales en los primeros años para mantener los beneficios, como alcanzar el 40% del monto comprometido en proyectos estándar y el 20% en los de largo plazo.

A pesar del optimismo oficial, el sector privado ha mostrado cautela. Si bien reconocen que el nuevo entorno macroeconómico mejora las condiciones para invertir, persisten desafíos regulatorios y de infraestructura que podrían ralentizar algunos proyectos. Además, la burocracia interna y el cumplimiento de requisitos formales por parte de las empresas han sido señalados como factores que contribuyen a las demoras en la aprobación de proyectos.

En el contexto regional, el RIGI ha mejorado la competitividad de Argentina frente a países como Chile y Perú, al reducir la carga impositiva efectiva al 38%. Sin embargo, expertos advierten que la estabilidad jurídica y económica a largo plazo será crucial para consolidar esta ventaja y atraer inversiones sostenidas.

El plazo para adherirse al régimen vence en agosto de 2026, aunque el Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por un año más. Con dos proyectos ya aprobados y otros nueve en evaluación, el gobierno apuesta a que las primeras grandes inversiones comiencen a materializarse en 2025 y 2026, generando empleo y contribuyendo al crecimiento económico del país.