El escándalo por presunta corrupción en la compra de medicamentos para el Estado argentino ha puesto bajo la lupa a la droguería Suizo Argentina y a la familia Kovalivker, propietarios de la firma. La investigación judicial se disparó tras la difusión de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien denunció un esquema de coimas y sobreprecios en contratos millonarios de medicamentos destinados a programas sociales y de salud pública.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron al menos 15 allanamientos en domicilios particulares y oficinas, incluyendo la residencia de Emmanuel Kovalivker en Nordelta. Allí, el empresario fue interceptado por la Policía cuando intentaba abandonar el lugar en auto, encontrándose en su vehículo sobres con 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones que podrían ser clave para la causa. También se incautaron computadoras, documentación contable y dispositivos electrónicos de los involucrados, que serán peritados en los próximos días.

La estructura societaria de Suizo Argentina revela el predominio familiar, con Eduardo Jorge Kovalivker como principal accionista y sus hijos Jonathan y Emmanuel en roles directivos. La empresa ha facturado al Estado más de 100 mil millones de pesos desde diciembre de 2023, incluyendo compras directas de medicamentos oncológicos y para personas con discapacidad, muchas de ellas sin licitación pública. El caso también afecta a la obra social IOSFA, que atraviesa una crisis de cobertura y financiamiento, agravada por el presunto desvío de fondos.

El escándalo involucra a funcionarios de alto rango, como Karina Milei y los Menem, y ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y empresarial. El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, presentó la denuncia y calificó el hecho como "vil nunca visto en democracia". Por su parte, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, instó a que la Justicia investigue a fondo y se mantenga la presunción de inocencia hasta que se esclarezcan los hechos.

El impacto del caso se extiende más allá del sector salud, generando incertidumbre en el mercado y presión sobre el gobierno a pocas semanas de las elecciones legislativas. Empresarios y actores políticos advierten sobre el daño a la credibilidad institucional y la necesidad de una investigación transparente. El desenlace judicial será clave para determinar responsabilidades y el futuro de los programas de salud pública afectados.