El gobierno nacional argentino ha puesto en marcha un ambicioso ciclo de privatizaciones, acelerado tras los recientes comicios legislativos. El proceso comenzó con la apertura de sobres para la concesión de cuatro centrales hidroeléctricas en la región del Comahue, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén. Estas centrales, que generan cerca del 15% de la energía eléctrica del país, han despertado el interés de 18 grupos empresariales, entre ellos operadoras actuales y nuevos actores del sector energético.

El esquema de licitación contempla una mayor participación estatal y provincial, permitiendo a las provincias involucradas acceder hasta un 10% del capital accionario. Además, se establece un canon por el uso del agua y parte de los ingresos se destinará a obras de infraestructura hídrica. El gobierno busca evitar conflictos jurídicos previos, realizando una revisión exhaustiva de los antecedentes de las empresas oferentes, especialmente tras litigios internacionales que costaron millones de dólares al país.

En paralelo, avanza la privatización de rutas nacionales, con la presentación de ofertas reprogramada para noviembre. El proceso incluye asistencia financiera estatal a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), permitiendo a las constructoras acceder a créditos para las obras. Se restablecerán los peajes suspendidos y se implementarán nuevas tarifas para autos y motos, con contratos de concesión de hasta 30 años.

El plan de privatizaciones también abarca empresas como AySA, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Correo Argentino, con esquemas de venta y concesión aún en definición. El gobierno estima captar unos U$S 5000 millones, destinados a afrontar vencimientos de deuda y reducir el déficit operativo de empresas estatales. Sin embargo, el proceso enfrenta desafíos políticos, con disputas internas en el oficialismo y tensiones con el PRO, además de cuestionamientos judiciales y empresariales sobre la transparencia y antecedentes de los oferentes.

Este modelo de privatizaciones remite al aplicado en los años 90, pero incorpora ajustes para fortalecer la seguridad jurídica y evitar errores pasados. El gobierno apuesta a que el contexto político y económico actual permitirá obtener mejores condiciones y precios en las operaciones, mientras busca mostrar resultados concretos en su plan de reforma estructural.