El Banco Nación, principal entidad financiera de Argentina, atraviesa una etapa de profunda transformación en 2025, marcada por una significativa reducción de personal y cierre de sucursales. Según comunicados oficiales y reportes de prensa, el banco logró un superávit operativo de $521.400 millones al 30 de septiembre, acompañado de un resultado trimestral positivo de $82.900 millones. El margen de cobertura, que compara gastos administrativos con ingresos operativos, se ubicó en 60,3%, reflejando una mejora en la eficiencia de la institución.

La reestructuración incluyó el recorte de 2.000 empleados, lo que devolvió al banco al tamaño operativo que tenía hace 15 años. Además, se cerraron más de 100 sucursales, pasando de 769 puntos de atención en diciembre de 2024 a 652 en el último trimestre. Los cierres se concentraron en distritos con altos tributos municipales y en zonas donde la digitalización hacía innecesaria la superposición de servicios. "Se trataba de las jurisdicciones con los tributos más gravosos del país", justificaron desde la entidad, citando los casos de La Matanza y Ramos Mejía.

El ahorro mensual estimado por estas medidas asciende a $139 millones, según el plan estratégico 2024-2027, que busca igualar la cantidad de sucursales de 2015. A pesar de los recortes, el Banco Nación incrementó su participación de mercado, con préstamos al sector privado creciendo un 17,2% y depósitos un 15,9%. La cartera irregular se mantiene en 2,1%, un nivel considerado históricamente bueno por la entidad.

En el contexto de las políticas de solvencia fiscal y desinflación impulsadas por el gobierno, el presidente del banco, Daniel Tillard, anunció que se retomará el impulso al crédito privado, especialmente para familias y pymes. El proceso de transformación legal del banco en sociedad anónima, dispuesto por el Decreto 116/2025, está actualmente frenado por una medida cautelar judicial. El banco presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para avanzar con la conversión, argumentando que la estructura autárquica es adecuada para proveer bienes públicos, pero no para competir en el negocio financiero global.

La iniciativa enfrenta resistencia de empleados y del sindicato La Bancaria, que advierten sobre el riesgo de pérdida de derechos laborales y de la misión pública de la entidad. El gobierno, por su parte, sostiene que la conversión permitirá mayor flexibilidad y competitividad internacional, aspirando a un modelo mixto similar al Banco do Brasil, donde el Estado mantiene una participación significativa pero la entidad cotiza en bolsa. Mientras tanto, la cautelar judicial mantiene la estructura actual del banco, a la espera de una resolución definitiva.