El Gobierno argentino formalizó el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal empresa estatal de agua potable y saneamiento, mediante la Resolución 1198/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía y enmarcada en la Ley Bases y los decretos 493/2025 y 494/2025, establece la venta del 90% del paquete accionario estatal en un plazo de ocho meses, a través de una licitación pública nacional e internacional. El 10% restante permanecerá en manos de los trabajadores bajo el programa de propiedad participada.

La privatización de AySA, que provee servicios a casi 12 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, ha generado un intenso debate político y social. El Gobierno sostiene que la medida busca modernizar el sector y mejorar la eficiencia en la gestión de servicios esenciales, mientras que opositores y exdirectivos advierten sobre el riesgo de aumentos tarifarios, menor inversión en zonas vulnerables y la posibilidad de cortes de servicio por falta de pago. "Si el agua queda en manos privadas, quienes no puedan pagar podrían quedarse sin el servicio y eso es gravísimo porque el agua es un derecho humano, no un lujo", expresó Malena Galmarini, ex presidenta de AySA y actual candidata a senadora provincial.

El proceso contempla la contratación de un banco estatal para la valuación de la empresa, luego de que el Tribunal de Tasaciones manifestara su imposibilidad de realizar la tarea en un plazo razonable. La Secretaría de Obras Públicas deberá garantizar la continuidad del servicio y elaborar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

Entre los interesados en adquirir AySA figuran empresas extranjeras como el grupo que compró Suez, operadores de agua de Chile y Brasil, y otros inversores internacionales. La experiencia previa de privatización en los años 90, bajo la gestión de Suez, y la posterior reestatización en 2006, alimentan el debate sobre el modelo de gestión más adecuado para un servicio esencial como el agua potable y el saneamiento.

En paralelo, una cautelar judicial suspendió por seis meses los cortes de agua por falta de pago en varias localidades del Gran Buenos Aires, reflejando la preocupación por el impacto social de la medida. Diputados de Unión por la Patria presentaron iniciativas para rechazar los decretos de privatización, argumentando que la decisión contraviene acuerdos previos y pone en riesgo la equidad territorial y la salud pública.

La privatización de AySA se inscribe en la política de reducción de la participación estatal en empresas públicas impulsada por el Gobierno, y su desenlace podría marcar un punto de inflexión en la gestión de servicios esenciales en Argentina.