El cierre del Instituto Nacional Juan Domingo Perón en la Ciudad de Buenos Aires, dispuesto por el Gobierno nacional en el marco de una política de austeridad y despolitización, derivó en una serie de protestas y un fuerte operativo policial. El sábado, el dirigente social Juan Grabois, junto a militantes del Frente Patria Grande y Argentina Humana, ocupó el edificio en rechazo al cierre y al despido de 24 empleados, lo que motivó la intervención de la Policía Federal y su posterior detención.

La toma del inmueble, ubicado en el barrio de Recoleta, se produjo tras la decisión oficial de trasladar los bienes históricos a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación. Según fuentes oficiales, el edificio no está en venta y se analiza su reutilización como biblioteca pública. La cooperativa que gestionaba el restaurante del lugar fue denunciada por irregularidades y tenía la habilitación revocada.

Grabois permaneció detenido cerca de 12 horas, acusado de usurpación y daños, y fue liberado en la madrugada del domingo. Tras su liberación, el dirigente social denunció una “pulsión dictatorial” del Gobierno y acusó intereses económicos detrás del cierre del Instituto. “A mí este Gobierno mucho no me quiere y es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida”, declaró Grabois, quien también apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde el oficialismo, Bullrich defendió el operativo y sostuvo que la detención fue un mensaje claro contra la toma de edificios públicos: “El que toma, va preso”. La funcionaria remarcó que la medida busca garantizar el orden y evitar el uso político de bienes estatales. Por su parte, dirigentes opositores como Martín Lousteau y Julia Strada denunciaron la detención como arbitraria y expresaron su solidaridad con Grabois.

El episodio reavivó el debate sobre el uso de bienes públicos, la memoria histórica y la criminalización de la protesta. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de optimizar recursos y combatir la usurpación, sectores opositores advierten sobre el riesgo de persecución política y la pérdida de espacios de memoria. El destino final del edificio y el impacto político del caso continúan en discusión.