La economía argentina atraviesa una semana de alta tensión financiera y política, con tasas de interés que rondan el 60% anual y una actividad económica en retroceso. El gobierno de Javier Milei enfrenta crecientes desafíos ante la proximidad de las elecciones bonaerenses y legislativas, mientras los mercados y actores sociales muestran preocupación por la falta de reactivación y el impacto de las medidas oficiales.

Según datos oficiales y consultoras privadas, la actividad económica cayó 0,7% en junio y se revisó a la baja el dato de mayo, confirmando una tendencia de estancamiento desde el primer trimestre de 2025. El sector industrial también muestra señales de debilidad, con una caída interanual del 3,3% en julio y una mejora acumulada de apenas 1,7% en los primeros siete meses del año. El endurecimiento monetario, con tasas reales positivas y encajes elevados, ha encarecido el financiamiento y reducido el consumo, afectando tanto a empresas como a familias.

En el plano político, el gobierno sufrió derrotas en el Congreso, donde se aprobaron aumentos de recursos para hospitales y universidades, y se anuló un veto presidencial en materia de discapacidad. Estas decisiones complican la gestión oficial y generan incertidumbre sobre el futuro fiscal, ya que no se explicita el origen de los fondos para cubrir el mayor gasto. El presidente Milei defendió la política de tasas altas como necesaria para evitar presiones inflacionarias y atribuyó la volatilidad al "riesgo kuka", en referencia al temor de los inversores a un regreso del kirchnerismo.

El mercado argentino fue el único emergente que registró caídas bursátiles, mientras Wall Street y otros mercados celebraron la posible baja de tasas de la Reserva Federal estadounidense. El riesgo país se mantiene elevado y la brecha cambiaria persiste, con subas en todos los dólares. Además, desde la asunción de Milei, más de 15.000 empresas han cerrado, afectando principalmente los sectores de transporte, servicios inmobiliarios y comercio.

El escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó presión política y mediática, con llamados a explicaciones y posibles cambios en el gabinete. Empresarios e inversores expresan preocupación por la falta de reactivación y el impacto social de las medidas, mientras analistas advierten sobre el riesgo de recesión y mayor conflictividad política en el segundo semestre. El futuro económico dependerá en buena medida del resultado de las próximas elecciones y de la capacidad del gobierno para recuperar la confianza de los mercados y la sociedad.