El Senado argentino se encuentra en el centro de un debate institucional tras la impugnación a la asunción de Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro. Villaverde, señalada por presuntos vínculos con el narcotráfico y antecedentes judiciales en Estados Unidos, enfrenta la oposición del Partido Justicialista (PJ) y parte de la Unión Cívica Radical (UCR), que cuestionan su "idoneidad moral" para ocupar una banca.

La Comisión de Asuntos Constitucionales recomendó rechazar el diploma de Villaverde, basándose en notas periodísticas y antecedentes judiciales no firmes. Sin embargo, el oficialismo y aliados, incluidos legisladores del PRO y bloques provinciales, anticiparon su respaldo a la asunción de la senadora. "Lorena Villaverde no tiene ningún impedimento para asumir, tuvo dificultades procesales que fueron resueltas", afirmó Luis Juez (PRO), quien subrayó que la Justicia estadounidense archivó la causa y que no existen reproches legales vigentes.

El debate se centra en la interpretación del artículo 64 de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de juzgar la validez de los títulos de sus miembros, pero no como un filtro moral o ideológico. Analistas y juristas advierten que utilizar esta potestad para bloquear el acceso de legisladores electos sin condenas firmes podría sentar un precedente peligroso para la representación democrática.

La sesión de jura está prevista para el viernes 28 de noviembre, y el oficialismo confía en reunir al menos 34 votos, suficientes para aprobar la asunción de Villaverde. Mientras tanto, sectores de la oposición insisten en la necesidad de preservar la integridad institucional y evitar el ingreso de personas vinculadas al narcotráfico al Congreso.

El caso reaviva discusiones históricas sobre los límites del control parlamentario y la legitimidad de las impugnaciones, en un contexto de polarización política y desconfianza social. El desenlace de la votación podría marcar un hito en la relación entre representación popular y control institucional en la Argentina.