El escándalo por presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de organismos estatales sacude al gobierno argentino y pone bajo la lupa a la Droguería Suizo Argentina S.A., una de las principales proveedoras del sector público. La investigación judicial, iniciada tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apunta a un presunto circuito de pagos irregulares y direccionamiento de contratos millonarios.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en sedes, domicilios y vehículos vinculados a la empresa, donde se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, incluyendo sobres con US$266.000. La pesquisa busca determinar la autenticidad de los audios, la existencia de retornos y la trazabilidad de los pagos realizados por organismos estatales a la droguería.

Según fuentes judiciales, los contratos bajo investigación superan los $55.000 millones en menos de un año, con pagos provenientes de ANDIS, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Entre febrero y mayo de 2025, la cartera de Seguridad, conducida por Patricia Bullrich, destinó más de $8.300 millones a la adquisición de medicamentos de alto costo, oncológicos y para el control de VIH, entre otros insumos, todos adjudicados a Suizo Argentina. Por su parte, el Ministerio de Defensa, bajo Luis Petri, también mantuvo relaciones comerciales significativas con la empresa, en medio de una crisis en la obra social IOSFA.

La Fiscalía, a cargo de Franco Picardi, analiza posibles sobreprecios, licitaciones amañadas y la existencia de un circuito de sobornos. Entre la documentación secuestrada figuran libros contables, balances y registros de pagos, así como programas de integridad y códigos de ética de la empresa. Suizo Argentina, fundada en 1923, sostiene en su código de ética una política de "tolerancia cero" ante la corrupción, aunque los hechos investigados contradicen esa postura.

El caso involucra a funcionarios actuales y exfuncionarios, y genera repercusiones políticas en el gobierno de Javier Milei. La empresa no emitió comentarios públicos, mientras que fuentes judiciales y políticas expresan preocupación por el posible desvío de fondos y la falta de transparencia en las contrataciones estatales. El escándalo reaviva el debate sobre la integridad de los procesos de compra pública y la responsabilidad de los funcionarios involucrados, en un contexto de ajuste y crisis en el sistema de salud estatal.