La provincia de Santa Fe concretó este jueves la aprobación de una profunda reforma constitucional que redefine el sistema judicial y otros órganos institucionales. Tras semanas de intensas negociaciones, la Convención Reformadora logró consensos amplios, con más de dos tercios de los votos a favor en los principales dictámenes.

Entre los cambios más relevantes, la Corte Suprema de Justicia provincial pasará a estar compuesta por siete miembros, procurando la paridad de género y la representación territorial. Además, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, junto con la Defensoría del Pueblo, obtienen rango constitucional y autonomía funcional y financiera, una demanda largamente sostenida por los actores judiciales.

La designación de jueces, fiscales y defensores será a partir de ahora responsabilidad de un Consejo de Selección técnico, que elaborará listas vinculantes tras concursos públicos. El gobernador deberá elegir entre los candidatos propuestos, lo que limita la discrecionalidad política y responde a los reclamos de mayor transparencia e independencia. El Tribunal de Enjuiciamiento, encargado de analizar faltas graves o delitos dolosos de magistrados, incorpora representantes de la oposición y abogados matriculados, garantizando pluralidad y procedimientos públicos.

Las asociaciones de jueces y fiscales, que habían manifestado su preocupación por la posible pérdida de independencia judicial, lograron que se introdujeran modificaciones al dictamen original. "Exigimos la revisión de estas medidas para garantizar una Justicia independiente", expresó la Federación Argentina de la Magistratura en un comunicado previo a la votación. El Colegio de Magistrados también valoró la inclusión de criterios de mérito y vinculación en los concursos, aunque mantuvo reservas sobre algunos aspectos.

El proceso de reforma estuvo marcado por arduas negociaciones internas en el oficialismo Unidos y la búsqueda de consensos con los bloques opositores, especialmente Más para Santa Fe y Activemos. "Para espantar los fantasmas que están pululando por acá", ironizó el convencional Lisandro Enrico al referirse a las presiones recibidas.

Las cláusulas transitorias establecen un plazo de dos años para la adecuación normativa y garantizan la continuidad de los actuales funcionarios hasta que cumplan los nuevos requisitos. La jura de la nueva Constitución está prevista para el 12 de septiembre.

Con esta reforma, Santa Fe busca modernizar su sistema judicial, fortalecer la independencia de los poderes y acercar la Justicia a la ciudadanía, en un proceso que podría servir de modelo para otras provincias argentinas.