El Senado de la Nación aprobó recientemente un paquete de leyes que incluye un aumento para los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Estas iniciativas, impulsadas por la oposición y respaldadas por sectores sociales, fueron sancionadas tras intensos debates y con un amplio respaldo en la Cámara alta.

Sin embargo, el presidente Javier Milei anunció que vetará las tres leyes, argumentando que representan un costo fiscal que el Estado no puede afrontar. "Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar", afirmó el mandatario, reafirmando su postura de ajuste fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de estas medidas es relativamente bajo: la moratoria previsional costaría 0,084% del PBI en el primer año y la emergencia en discapacidad entre 0,22% y 0,24% del PBI.

La senadora Carolina Moisés subrayó la importancia de las leyes para los sectores más vulnerables y anticipó que, en caso de veto, el Congreso insistirá en su aprobación. Por su parte, los gobernadores, que no recibieron llamados del Ejecutivo tras la derrota legislativa, buscan separar la discusión de sus propios proyectos de la batalla por los vetos, con la intención de avanzar en iniciativas que beneficien a las provincias, como la coparticipación de impuestos y fondos nacionales.

En la Cámara de Diputados, la oposición se prepara para una "triple batalla": ratificar los proyectos de los gobernadores, blindar las leyes sociales frente a los vetos y derogar decretos del Ejecutivo. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, destacó la necesidad de construir mayorías para rechazar los vetos y avanzar en una agenda que frene el ajuste nacional.

El contexto político es de alta tensión, con un presupuesto nacional prorrogado y una relación cada vez más conflictiva entre el gobierno central y las provincias. Las movilizaciones sociales y el apoyo popular han sido determinantes para la sanción de las leyes, mientras que el oficialismo busca sostener sus vetos con el respaldo de diputados provinciales. Se espera que la discusión se intensifique tras el receso invernal, en un escenario de fuerte disputa política y social.